Como española convencida y militante, sólo admito anglicismos si no queda más remedio. La lengua española es sobradamente rica para definir y dar contexto a cualquier hecho, circunstancia o contingencia que se presente al hablante. Los anglicismos son particularmente nocivos por su carácter colonialista, consumista y neoliberal, un peligro lingüístico e ideológico que precipita el debilitamiento del español como lengua y como cultura. Patriotas que odian las lenguas y las culturas catalana, vasca o gallega, acusadas de dañar al castellano, hincan la rodilla y agachan la cabeza ante el imperio del dólar.
Para evitar definir determinadas actuaciones de la Justicia española como manipulación, politización, judicialización de la política, guerra o acoso judicial, se emplea el término inglés lawfare, un eufemismo aplicado al uso abusivo o ilegal de la Justicia, con apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el rechazo popular a oponentes políticos internos o externos o a actuaciones políticas concretas. Se trata de una especie de golpe blando que utiliza la división social, las redes sociales y los medios de comunicación.
El palabro comenzó a utilizarse hace poco en los estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas de EE.UU. con el fin de cuestionar y desacreditar el uso de las instancias jurídicas internacionales por parte del bando más débil en una guerra para proteger los Derechos Humanos, lo que ha servido a EE.UU. para rechazar la autoridad de la Corte Penal Internacional ante ilegalidades cometidas por su ejército o sus instrumentos paramilitares en todo el mundo, permitiéndole gozar de impunidad en sus guerras sucias.
Es harto conocido que la Justicia no es cuestión de aplicar objetivamente la Ley, sino de interpretar en uno u otro sentido su literalidad, es decir, de apostar por la relatividad semántica siempre subjetiva. Interpretar la legalidad es un oficio complejo ligado a la disponibilidad económica de las partes litigantes. Que el departamento jurídico de las grandes corporaciones sea tan o más relevante que el productivo, el comercial, el tecnológico, y el de I+D+i dice que la subjetividad es un valor al alza en las puertas giratorias. Quevedo retrató la situación, ya en el Siglo de Oro, en A un juez mercadería.
Durante la investigación del caso Gürtel, el Supremo cazó al juez instructor y lo quitó del medio. Recientemente, García Castellón, la querida Concha (Espejel) de Cospedal, el controlador de la Audiencia Nacional Marchena, el CGPJ secuestrado y muchos ejemplos más, deben bastar para mostrar la militancia política de la Justicia, pero no. Sus señorías ofrecen el infame espectáculo de posicionarse en contra de una Ley elaborada por el Poder Legislativo con el fin de impedir la composición soberana del Poder Ejecutivo salido de las urnas. ¡Al carajo mandan la independencia, la objetividad y la neutralidad!
Es una vergüenza internacional la foto de jueces, con togas y puñetas, haciendo toga borroka porque se habla de lawfare. Jueces como Escalonilla o García Castellón que no tienen reparos en inventar causas judiciales contra Podemos ni vergüenza para archivar las que afectan al PP y sus dirigentes, la última Cospedal. Juezas como Espejel, que no duda en transcribir el argumentario de su PP en los votos particulares a las sentencias del TC. Jueces como Marchena, dispuesto a hacer el ridículo de contino ante la Justicia Europea en su cruzada particular. A las togas de los jueces se suman, en esta Santa Cruzada, las de fiscales, las de la abogacía y no faltan sus hermanas las sotanas, prueba demoledora del acierto que encierra el aserto: “En tiempos de fachas, hambre y cucarachas”. Se ve, se padece, que la guerra, el acoso judicial, es una realidad que hace la puñeta y la peineta a la Democracia.