Madrid-Caracas: ida y vuelta

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La campaña mediática e institucional desatada sobre Venezuela llama a la reflexión. Hay cosas de Venezuela que no me gustan desde mucho antes de esta campaña y otras muchas que sí me gustan y que no aparecen en ella. Me disgusta que sea España, su periodismo y su diestra casta, la que utilice a Venezuela para desactivar a la oposición interna. Me preocupa que este interesado discurso falsario cale hasta la médula en el español medio tabernario.

Han conseguido, martillo pilón, dibujar sobre el chavismo, ganador en 18 de 19 elecciones avaladas por observadores internacionales, rasgos dictatoriales. Me disgusta que se reprima a quienes exhiben símbolos contrarios a un jefe de estado, sentado en el trono por un dictador, que no ha ganado una sola elección y que está exento de pasar tan democrática prueba. El presidente venezolano se lo tiene que currar, y eso me gusta, para mantenerse en el poder o pasar a la oposición. El rey y la princesa Leonor, no.

Se le reprocha a Maduro que encarcele a opositores, cosa que me disgusta, desde un país que encarcela de forma ejemplarizante a quienes piensan en voz alta y en público de manera diferente al gobierno de la ley Mordaza y la ley de Partidos. Me disgusta que dé lecciones de democracia y de derechos humanos un país que ha abolido la Justicia Universal, que no condena el franquismo y que saca una moneda de curso legal que consagra como de paz 40 años de terror.

No me gusta que las élites venezolanas desabastezcan al pueblo para provocar su indignación contra el gobierno, y tampoco que las élites españolas se apropien de lo público con la complicidad del gobierno. Me gusta que, en lo que va de siglo XXI, la pobreza haya pasado del 49 al 27% de la población venezolana y me disgusta que España, en los últimos tres años, haya emprendido el camino inverso. Me gusta que la desnutrición venezolana haya pasado del 13,5 al 5%, el desempleo del 16 al 7% y que la UNESCO haya declarado a aquel país libre de analfabetismo. Me horroriza que la democracia española esté consiguiendo justo lo contrario.

Venezuela y España están hermanadas por oligopolios mediáticos que se vuelcan en denostar a la primera y encubrir las miserias de la segunda. Se echaba en cara a Chávez el uso de la televisión como elemento de propaganda, cosa que no me gustaba, y resultó un aprendiz comparado con lo que el PP ha hecho y hace con las televisiones públicas de España. Populismo llaman a Maduro y el pajarito, a Báñez y la virgen del Rocío. La prensa no es libre ni aquí ni allá y es la de España, sin duda, la más manipuladora y manipulada.

No me gusta un país que financia a partidos extrafronterizos. No me gustó la presencia de Carromeros en Cuba, ni las asesorías de Felipes González o Aznares a los Capriles de Hispanoamérica. No me gustan los países que apoyan dictaduras como la marroquí, la saudí o la guineana. No me gustan los países que flirtean y condecoran a dictadores como Pinochet o Videla. No me gusta que el dinero secuestre democracias y, en este sentido, no me gustan mis gobernantes, no me gusta mi país. Me gusta la utopía de que sea el pueblo quien gobierne España.

Me gusta que la dignidad de los pueblos latinoamericanos rechazara el Tratado de Libre Comercio de las Américas y escapasen del imperio norteamericano, ni Obama lo ha perdonado. La dignidad tiene un precio y Venezuela ha sido declarada enemigo público de USA, por su rebeldía y porque hasta EEUU se ha creído que es el modelo de la oposición al neoliberalismo europeo. Me disgusta y me horroriza que Europa haya caído en la sima de la indignidad permitiendo que las élites mercantiles y financieras, americanas y europeas, pacten en secreto, de espaldas a la ciudadanía, el TTIP, el tiro de gracia a la democracia.

Una diferencia a tener en cuenta entre Venezuela y España es que allí, para gobernar por decreto, el presidente pide permiso a la Asamblea Nacional. Aquí se hace sin permiso del Congreso, sin consenso, por la cara. ¿Venezuela o España? ¿Madrid o Caracas? Ni tan sucia ni tan limpia, ni tan dictatorial ni tan demócrata. O pueblo, o dinero: es lo que las separa.

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Guateque religioso integrista

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En estas fechas, festivas por imperativo social, la proximidad de la nochevieja invita a pensar qué sentido tiene celebrar la llegada de un nuevo año. El siglo XX detuvo el calendario español en 1936 hasta que, en 1975, volvió a mover sus hojas dejando entrever que los relojes recobraban el ritmo reprimido y se sincronizaban con el resto del mundo. España salió de un letargo impuesto y entró en una dinámica de aparente normalidad.

Acabamos de asistir a los navideños discursos de un anacrónico rey y de un presidente embustero, dispuestos ambos a torcer la realidad de los hogares españoles y adornarla con guirnaldas y fugaces estrellas de oriente. La naftalina ha impregnado sus mensajes y la caspa ha hecho las veces de navideña nieve artificial. Faltaban una tercera voz asotanada y una cuarta uniformada que vendrá el día de los reyes magos para temer que, tras arrancar la hoja de diciembre en el calendario, aparezca una hoja anunciando el mes de enero… de 1940 ó 50.

El guateque organizado por Rouco en la plaza de Colón de Madrid ha reunido a miles de personas para representar un escrache navideño. Celebraban que el gobierno ha vuelto a ceder parcelas de poder, al margen de la democracia, a una iglesia católica que vuelve a sus postulados históricos de acercamiento a los gobiernos y alejamiento del pueblo. Muchos católicos y pocos cristianos han desfilado y entonado cánticos y loores, como siempre.

Abrió el guateque el talibán Kiko Argüello, guitarra en mano, para quien “España tiene un problema de falta de hijos”. Entre paletas de colores y notas musicales, el fundador de los “kikos” mueve hilos en la Conferencia Episcopal Española y en el propio Vaticano, gracias a su demostrada capacidad para embaucar y mover masas. No explica a la sociedad la fórmula para vivir de la, desconocida como profesión, labor de catequista. Tampoco explica cómo sostener una familia como las de sus ciegos seguidores, con hasta once o doce hijos, con un solo sueldo. Tal vez, explicándolo, solucionaría el problema de muchas familias, evitando de paso miles de abortos.

Ha asistido también al evento, de forma virtual, el nuevo Papa cuya salud corre graves riesgos cada vez que habla. El Papa errado ha saludado al party paralelo de Barcelona y, por cortesía, al de Madrid, un más que presunto desprecio a Rouco y su tropa integrista que dará que hablar, y que rezar, durante unos días. El catolicismo mundial ha rondado al poder a lo largo de la historia, Bergoglio flirteó con el dictador Videla, Ratzinger con el nazismo, y el catolicismo español ha puesto y quitado reyes, dictadores y presidentes.

De la arzobispal boca de Rouco han salido preocupantes palabras. Ha alentado a la familia a enfrentarse a la “agobiante atmósfera intelectual y mediática” que vive España. Comprendiendo que el intelecto es la antítesis de la fe, no alcanzo a entender la agobiante atmósfera mediática a que se refiere el amo y señor de la COPE y de 13TV, púlpitos desde los que se combate fiera y diariamente a la democracia con posturas rayanas a las del medieval Santo Oficio.

Ninguna referencia a las políticas del católico Partido Popular que destrozan personas y familias poniendo en peligro las vidas de personas excluidas de la sanidad y privadas de recursos para atender con dignidad sus necesidades básicas. Para eso está la familia. Ninguna referencia a los miles de niños damnificados por las graves consecuencias del celibato antinatura, practicado por los curas, en un foro donde las católicas familias utilizan a sus propios hijos como escaparate ideológico de Rouco, Kiko y compañía.

Para el año nuevo, señor Rouco, entre otros, mi deseo de más educación y menos religión, más cristianismo y menos catolicismo, más dignidad y menos caridad, más humanidad y menos divinidad.

Ley de la patada en la boca

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Ley Corcuera: Ley de la Patada en la puerta (1992).

Ley Fernández: Ley de la Patada en la boca (2013).

El señor Jorge Fernández Díaz, astuto y peligroso como una zorra, presentará su ley de Protección de la Seguridad Ciudadana al próximo Consejo de Ministros, mutado en pasarela de despropósitos por el gobierno del PP. Quizás en este sanedrín se darán los últimos toques a semejante corsé, diseñado para dificultar la respiración ciudadana más que para realzar la figura democrática del país. Esta ley fomenta el garrote, el miedo y la represión cívica al puro estilo de “La calle es mía” de Fraga, empeorando la Ley de la patada en la puerta” de Corcuera.

El nombre elegido responde a la espiral de mentiras en la que se ha instalado el gobierno del Partido Popular. Más correcto hubiera sido, por ejemplo, llamarla ley de Protección de la Indecencia Política en aras a la verdadera filosofía que la inspira. Han decidido borrar cualquier rastro democrático de nuestra convivencia y no les preocupa siquiera aparentar que vivimos en una democracia. USA, paradigma mundial de la apariencia democrática, todavía permite a su población pasear pancartas ante el mimísimo Capitolio. Él no; él ha preferido, en el siglo XXI, inspirarse en Franco, Mussolini, Hítler, Pinochet, Videla, Obiang, Kim Jong-il y gente así.

Al ministro que reparte porras, multas y pelotas de goma, indiscriminada y desproporcionadamente, le importa un bledo la Seguridad Ciudadana. Si le importase, se preocuparía de cribar en los cuerpos de seguridad del estado a esa falange de porteros de discoteca que visten uniforme policial con el cerebro petado de testosterona y que tanto daño hacen a la imagen pública del noble y necesario cuerpo al que pertenecen. También convendría que la actuación violenta de alguno de estos personajes, condenada hasta por la justicia, no fuese alegremente indultada dejando impunes sus excesos y sus mentiras chulescas.

No. Este miembro supernumerario del Opus Dei, titular del Ministerio de Interior, se despreocupa de la ciudadanía, la verdad, la ética o la moral; a Fernández Díaz sólo le preocupa el pensamiento crítico, la disidencia, la discrepancia y, en definiva, las libertades de pensamiento y expresión. Le preocupa que se diga a los suyos que actúan en contra de quienes les han votado, que roban, que mienten, que expolian lo público, que obedecen a sus amos financieros, que sirven a sus superiores de la CEOE, que son corruptos y que no escuchan al pueblo. El ministro ultracatólico adora al Becerro de Oro y expulsa del templo al pueblo para proteger a los mercaderes.

El Ministro de Interior ha decidido que quien quiera decir algo a los gobernantes debe hacerlo por carta si no tiene amistades o parentela en cualquiera de las instancias, presuntamente democráticas, que deciden el destino ciudadano. Educadamente lo hacen banqueros, empresarios, clérigos y otra gente de bien vivir, exquisitos prebostes que exponen sus cuitas y celos en despachos oficiales, ostentosos reservados hosteleros o a través de las humildes celosías de un confesionario.

El pueblo, la plebe, la chusma, debe hacerlo por correo, en la intimidad del hogar o en una urna cada cuatro años; y si no se expresa en la urna, este gobierno le queda eternamente agradecido. Al margen de esta ley, obviamente, quedan todas las manifestaciones de loa y glosa del régimen, como las promovidas por sectores católicos o deportivos, exentas de multas, identificaciones y violencia institucional. Así lo mandan Dios, la UEFA y la FIFA, las tres religiones mayoritarias del reino.

Fernández reprime los botellones, que dañan a la industria del garrafón pagadora de impuestos; el autocultivo de marihuana, que no genera impuestos como el alcohol o el tabaco; la prostitución, que compite en sumisión con el católico matrimonio del arzobispo granadino; el uso del láser, que distrae a los conductores de los cientos de vallas publicitarias que colorean el paisaje. Sus compañeros de gobierno no aceptarán que reprima espectáculos públicos donde se maltratan animales, y se lo enmendarán porque su partido defiende a capa y espada el toreo, promoviendo y subvencionando donde gobierna no sólo el maltrato, sino también la tortura y la muerte animal. El maltrato humano tiene prioridad.

Estado de excepción virtual.

Ridículo el papel de las fuerzas de seguridad ante el golpe de estado del 25S

El artículo 116 de la Constitución contempla y regula la declaración de estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio, cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad. Las medidas adoptadas serán las indispensables para asegurar su restablecimiento, debiendo aplicarse de forma proporcionada a las circunstancias. Uno de los efectos inmediatos de la declaración de cualquiera de estos estados es la supresión individual de derechos ciudadanos.

Las circunstancias acutuales son extraordinarias y hacen imposible mantener la normalidad para una inmensa mayoría de los ciudadanos que viven al margen de la órbita política, del ámbito financiero y de la cúspide empresarial. El ciudadano de a pie vive una situación que no puede calificarse como “ordinaria” o “normal” y sufre de indefensión ante las actuaciones que sobre él practican los poderes públicos que gobiernan y legislan en contra de sus intereses y a favor de intereses ajenos a la soberanía popular de la nación.

Gobernar a favor de los mercados es motivo más que suficiente para declarar los estados de alarma, excepción y sitio de manera conjunta y simultánea. La situación generada por el modo de gobierno que se está practicando supone el deterioro o la desaparición de derechos recogidos en la Constitución y suplantados por una obediencia ciega a los dictados financieros que hacen imposible su restitución. La deuda pública generada por la especulación financiera internacional y la complicidad del gobierno ha aniquilado cualquier posibilidad de restablecer una normalidad secuestrada para siempre.

Sólo cabe la declaración de tal deuda como deuda odiosa, creada, contraída y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. No es exigible su devolución porque los prestatarios han actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos -bonos o contratos comerciales- son nulos legalmente. EE.UU., país líder en la generación de deudas odiosas, ha aplicado el concepto en numerosas ocasiones desde finales del siglo XIX, cuando las deudas de terceros países son contrarias a sus intereses.

Pero no seamos ilusos, ni el PSOE ni el PP, sumisos asalariados de los mercados, tienen entre sus planes otra cosa que la privatización del país y la venta de sus recursos, incluidos los humanos, para pagar la deuda imposible que la estafa de la prima de riesgo ha hecho firmar a nuestros gobiernos. España está hipotecada de forma odiosa y fraudulenta y a esta situación seguirá su esclavización, como hemos visto suceder en muchos países africanos, sudamericanos y asiáticos a lo largo del siglo XX. El mecanismo es el mismo: deuda externa, expropiación y esclavización.

En España, al contrario, estamos observando cómo el gobierno del PP aplica los estados de alarma y excepción (sin la declaración preceptiva y pública que ordena la constitución) precisamente en contra de aquellos ciudadanos que se rebelan contra la estafa manifiesta que sufren desde que llegó al poder. El legado autocrático heredado por este partido le lleva a considerar que el gobierno no se debe al pueblo, que la calle es suya y que la Constitución se debe interpretar bajo su tutela. El miedo como forma de gobernar es su práctica para defenderse de un pueblo indefenso ante sus ataques. Cristina Cifuentes (prófuga consorte) y Fernández Díaz han sido los elegidos para experimentar esta estrategia del terror con la población.

Las porras y las pelotas de goma han golpeado el artículo 17 de la Constitución en demasiadas manifestaciones pacíficas; el artículo 19 ha sido abofeteado en demasiadas identificaciones y detenciones arbitrarias practicadas, incluso de forma violenta, en manifestaciones y concentraciones; el artículo 20 ha sido amordazado por el asalto perpetrado a RTVE y la criminalización de convocatorias a través de las redes sociales; el artículo 21 es zancadilleado sistemáticamente cuando no se trata de manifestaciones religiosas o reuniones futboleras. Son algunos ejemplos de cómo se suspenden o dificultan derechos cívicos al margen de la Constitución.

Confundiendo el civismo del pueblo español con una actitud de sumisión, el gobierno, ¿nuestro gobierno?, se viene arriba y prácticamente ha decretado el estado de excepción ante la convocatoria del 25S. Sustituyendo al ejército por la policía, nuestras carreteras y nuestras calles han vivido una jornada de registros, identificaciones e incautaciones con escenas propias de la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet o la España de Franco. A mis años, es la primera vez que veo escenas gratuitas de esta envergadura en una televisión a color.

El ministro y la delegada, esbirros de las finanzas, han sacado a la calle a una policía en la que es difícil identificar algún rasgo de humanidad y capacidad de pensamientoautónomo. Adiestrada para ello, ha fortificado ridículamente un congreso que se debe al pueblo esperando el momento políticamente correcto para derramar sangre inocente y abollar las esperanzas de millones de ciudadanos. Cuando la frustración se instalaba en las porras sin usar, se presentó una oportunidad propicia para el desahogo a última hora y la policía pudo, por fin, destensar los músculos, enrojecer las porras y disparar sus escopetas contra el pueblo. El saldo de 64 heridos y 28 detenidos no es el esperado, pero ha servido a la policía para realizarse profesionalmente y a la derecha mediiática y gubernamental para justificar el estado de excepción aplicado.

Se confirma a última hora que Ángel, activista andaluz del 15M, sufre una lesión medular producida por la acción desproporcionada de la policía. La policía, Soraya Sáez de Santamaría, Fernández Díaz y Cristina Cifuentes se encargarán de lesionarle también la dignidad acusándolo de criminal golpista.

La derecha mediática buscará en su pasado o en su presente cualquier indicio que permita presentarlo a su enferma audiencia como un terrorista peligroso que golpeó con su médula a un policía.

Control policial desmesurado a un autobús de Zaragoza.

Balance de heridos y detenidos insuficiente para el gobierno y la derecha mediática.