Hay que admirar a las personas que defienden sus principios, estemos o no de acuerdo con éstos, hasta el final. Y hay que despreciar a quienes, para defender principios ajenos, se convierten en mercenarios ideológicos que no dudan en dañar a la mayoría si con ello satisfacen las demandas de unas minorías. Apelar a los resultados electorales para imponer leyes sin consenso en nombre de la mayoría es una de las mayores estafas a la democracia que se pueden realizar.
El Partido Popular lleva dos años estafando a los españoles, mintiendo día a día, manipulando la realidad y gobernando a favor de quienes no se presentaron a las elecciones. La última estafa ha sido la ley del aborto, la única ley aprobada en Consejo de Ministros que iba en su programa electoral. Y lo ha hecho, como todas sus acciones de gobierno, hurtando el debate y aludiendo al respaldo electoral de los los 10.830.693 votos cosechados en las elecciones de 2011.
Imponer postulados ultracatólicos con la ley Gallardón supone el desprecio más absoluto por el juego democrático al derogar la anterior ley respaldada por 11.289.335 españoles que votaron al PSOE en 2008, 969.946 a IU, 298.139 a ERC, 306.128 a PNV, 212.543 a BNG, 62.398 a Na-Bai y una parte de los 779.425 que votaron CiU. La suma de casi trece millones y medio de españoles cuyos representantes votaron a favor de la ley de plazos ha sido despreciada y se ha impuesto un rodillo perfumado de incienso, hipocresía y negocio.
Con el PP en el gobierno los estafadores se han revelado como los auténticos detentadores de un poder, no olvidemos, surgido de los votos y las esperanzas de la ciudadanía. Comenzó Rajoy la legislatura premiando a los estafadores bancarios con decenas de miles de millones de euros a prorratear entre la ciudadanía. Los perpetradores de las estafas preferentes, de las estafas hipotecarias y de la estafa bancaria generalizada continúan hoy estafando el dinero público en las subastas de deuda pública.
La salud y la educación públicas han sido también entregadas a estafadores privados por secuaces políticos que utilizan las instituciones democráticas para el lucro personal en directo y en diferido. Los despachos neoliberales de la calle Génova se han convertido en la versión posmodena del cervantino patio de Monipodio donde los sobres y las donaciones opacas propician decretos y firmas de contratas que favorecen a donantes y receptores unidos en la sordidez y la suciedad de las privatizaciones.
Los estafadores han establecido nuevas condiciones en las relaciones laborales que, cómo no, articulan el derecho al trabajo exclusivamente en torno al beneficio empresarial. Un beneficio empresarial sin límites basado en la estafa como piedra angular de la economía neoliberal que no duda en amañar los precios de la luz, el gas, el petróleo, la telefonía y cualquier producto de uso cotidiano para imponer al trabajador los grilletes de la precariedad y la limosna salarial.
Viendo las cuentas de la recuperación, hay un indudable desequilibrio entre estafadores y estafados que la acción de gobierno inclina con precisión y descaro en favor de los primeros argumentando el apoyo de los segundos. Viendo la ley Wert, la ley Gallardón y la posición profranquista de numerosos cargos del Partido Popular, brillan con luz propia la estafa ideológica de un partido presuntamente democrático, la estafa doctrinal de una iglesia alejada de los pobres y la estafa democrática de un pueblo insconciente que sigue votando mayoritariamente y dando su apoyo a quienes han hecho de la estafa su modus vivendi.
Apalabrado 