La siesta de la democracia

En Europa se recurre al tópico de la siesta para desprestigiar a los españoles. En España se invoca la siesta para denigrar a los andaluces. En Andalucía se practica la siesta como en cualquier parte del mundo, de mil maneras, en cualquier lugar, cualquier día. Sólo cabe defenderse cuando se comete un delito y descansar después de comer no es una cuestión de justicia, sino de sentido común hasta para la rígida mentalidad alemana.

La siesta son veinte minutos de descanso, de desconexión con la realidad, para recargar el cuerpo y la mente y continuar las rutinas cotidianas. Hiperbolizar la siesta, como se hace, es convertirla en tópico con aviesas intenciones. Veinte minutos de descanso son saludables, a diferencia del pasivo consumo televisivo o la estéril dialéctica de sobremesa, dos vicios a los que suele dedicar más de cuatro horas al día cualquier español o española.

Los españoles se quejan de que la democracia se reduce a votar cada cuatro años y no es así. Nadie obliga a votar y después pegarse una siesta de cuatro años, es la democracia la que debería quejarse de que los españoles quieran que sea así. Es como si, después de almorzar el primer día laboral del mes, el trabajador echara una siesta de treinta días, motivo justificado para el despido sin indemnización, un exceso.

La participación ciudadana es vital para controlar la realidad y más de cien formas de hacerlo aguardan, al alcance de cualquiera, precintadas por la abulia generalizada. En cualquier hogar se encuentra una tarjeta del Carrefour, un carnet de fútbol o cuotas de alguna cofradía, pero extraña la presencia de cuotas de la asociación de vecinos, carnets de la AMPA del colegio o tarjetas de colectivos sociales. A diferencia de éstas, las primeras no alteran la siesta.

Participar en política está peor visto que siestear desde la idea de que todos los políticos son iguales, un estereotipo válido para quedar al margen, que sean otros los que pringuen y adoptar la dialéctica de sobremesa en tabernas o peluquerías. Cortando trajes con la lengua o poniendo peros, los españoles no tienen rival, siempre desde la barrera, con legañas en las neuronas y pereza para el análisis. El resultado son gobiernos del PSOE o el PP, partidos con esclerosis terminal.

Participar en política es, sin embargo, adoptar la siesta como método eficaz para prevenir el letargo social. La limpieza del barrio, las goteras del colegio, la gestión del agua o la atención de personas dependientes no son problemas que se solucionen solos y que afecten en exclusiva al ojo de una alcaldesa, un concejal o una diputada. Son tareas ciudadanas que exigen participación para que el resultado se ajuste al deseo de la mayoría. Delegar en los elegidos y echarse a dormir es una irresponsabilidad de difícil renuncia.

Partidos y sindicatos conocen la necesidad de la siesta y mecen la realidad para evitar que la gente despierte. Un pueblo despierto, descansado, activo y participativo habría evitado que las élites políticas y sindicales se hubiesen despreocupado de él y entregado a la corrupción y el mal gobierno como han hecho. Un pueblo despierto, descansado, activo y participativo puede evitar que se repita. Si se continúa como hasta ahora, la siesta de la democracia seguirá siendo la misma pesadilla.

PPSOE: miedo a la democracia

Hablemos de ayuntamientos, de política doméstica, de participación ciudadana, de democracia directa y cercana. ¿A quién elige el pueblo? ¿Quién le representa? ¿Quién atiende sus demandas? Hablemos de ordenanzas, del tráfico, de accesibilidad, de fiestas populares, de limpieza viaria, de licencias de obras, arbitrios y tasas, del mantenimiento de la escuela, de la gestión del agua, de parques y jardines, de administrar la consistorial casa.

Hablemos de la elección directa, con rostros y apellidos, con conocimiento de causa, de candidatos singulares y personales candidatas. Hablemos de transparencia y democracia, de aportar soluciones y eliminar trabas. Hablemos de alcaldías, de concejales y concejalas, de su elección nombre por nombre, acta por acta, y dejémonos de gaitas. Hablemos de personas y no de listas cerradas, de listas abiertas que reflejen la pluralidad ciudadana.

El mercado electoral está copado por marcas que controlan los canales de distribución de votos con el apoyo interesado de la financiera y empresarial casta. PP y PSOE son un duopolio, como Coca-Cola y Pepsi Cola, también expertas en burbujas, cimentado en la eliminación de alternativas y la inversión en propaganda. El mercadillo municipal es la oportunidad de saborear limonadas, zumos naturales o agua, refrescantes bebidas más saludables y menos amargas.

El hartazgo del consumidor por los rancios sabores que dañan su organismo y la irrupción de marcas blancas en las cabinas de votación ha desatado el pánico en los mercados. PP-Cola y PSOE Cola ven peligrar su hegemonía en la despensa, su ocaso empresarial, dos productos carentes de chispa y con las burbujas deshinchadas. Han sonado las alarmas y sus aparatos recurren a las viejas estrategias del desprestigio de la competencia y ofertas 2X1.

La propuesta de Rajoy para que la alcaldía recaiga en la lista más votada es el canto del cisne bicéfalo que se resiste a asumir su primigenia forma de torpe pato, feo y despreciado, un ganso como dios manda. Desde su negativa a dialogar y alcanzar acuerdos con otros sectores de la población avalados por las urnas, el PP propone que sean sus candidatos o los del PSOE alcaldes minoritarios para la mayoría social. Si la diversidad obliga a negociaciones y pactos, es porque la voluntad popular lo demanda.

Señor Rajoy: mayoría es la mitad más uno de los votos, sean de una o de varias candidaturas, en esta simplicidad aritmética se basa la democracia. Lo demás es usurpar voluntades mayoritarias y anular el diálogo como forma de convivencia. Reformar la ley electoral es una necesidad evidente para todo el mundo excepto para quienes se benefician de su actual estado. La reforma pactada por PP y PSOE es empeorar lo que hay, un golpe más a la democracia.

Producen miedos y recelos las papeletas abiertas que permitan a cada persona marcar los nombres de sus preferencias para ser representada. No aceptan las marcas dominantes que una papeleta dé opción a elegir los nombres que el electorado vea convenientes para sus intereses. No quieren que queden fuera cabezas de lista, que sólo se deben al dedo que las coloca en tan privilegiada posición, y tampoco delfines, barones y corruptos, demasiados corruptos en las listas, por voluntad popular en un ejercicio libre de auténtica democracia.

 

Peligros de la NO participación ciudadana.

La principal lacra que aqueja a las sociedades modernas es el individualismo, esa exaltación de lo particular que acaba devorando la convivencia hasta tal punto que el propio individuo, ser social por naturaleza, acaba resintiéndose en su propia singularidad. La cultura occidental es proclive a enasalzar lo individual y anteponerlo a lo colectivo, cuando lo aconsejable sería buscar el equilibrio justo que permitiese un desarrollo social adecuado de todos los individuos. Ese equilibrio, normalmente, se busca a través de la representatividad que, se supone, expone y defiende los deseos particulares a la hora de consensuar normas que armonicen la convivencia entre unos individuos y otros.

Cuanto más numerosa es una sociedad, más complejo resulta coordinar los intereses de todas las personas que la componen. El individuo mantiene relaciones de proximidad en las estructuras familiares, vecinales y locales que componen su hábitat cotidiano, pero también forma parte de unas estructuras mayores que suelen articularse en ámbitos geográficos o administrativos más amplios donde el individualismo se diluye gradualmente en relaciones de lejanía. La comarca, la provincia, la región, la nación o el continente son fronteras administrativas que dan fuerza a un colectivo en detrimento del individualismo de sus componentes. Aún así, son necesarias e inevitables.

También las asociaciones profesionales, religiosas, de ocio o de cooperación permiten al individuo sumar sus fuerzas a las de quienes se identifican con sus necesidades de cara a conseguir objetivos más ambiciosos que los que conseguiría una persona sola. De esta realidad surgen colectivos que, basándose en la representatividad otorgada por los individuos, hacen suya la tarea de establecer las reglas de convivencia y los objetivos concretos a conseguir para todos y cada uno de los sujetos representados. De ahí provienen desde la comunidad de vecinos hasta la ONU, pasando por todas las escalas intermedias habidas y por haber.

Los españoles somos individuos en la familia y pretendemos ser individuos en el universo. A regañadientes aceptamos que algún paisano se nos parezca en algo y rugimos para expresar lo que nos diferencia en el hogar, en el barrio, en el pueblo, en la provincia o, ya lo he dicho, en el universo. Somos capaces de partirnos la cara por las diferencias y a la vez despreciar las semejanzas, elevamos lo que nos separa muy por encima de lo que nos une, sacralizamos el individualismo y demonizamos la colectividad. Y nos quejamos. Continuamente buscamos cuarenta millones de problemas para cada solución que se nos presenta.

Este individualismo ibérico de pata negra es el que hace que una asamblea de madres y padres de un colegio con mil aulumnos se vea reducida a la presencia de cuarenta o setenta personas, que una asociación vecinal de un barrio con cinco mil habitantes no tenga más de cincuenta socios activos, que la presidencia de la comunidad del bloque sea un marrón del que huimos como de la peste o que de los dos mil cofrades acudan a la misa treinta y cuatro. No soportamos el sacrificio de nuestras ideas personales en el altar comunitario y, sobre todo, no aceptamos que sea el vecino de al lado quien vea prosperar una propuesta suya.

Lo mismo sucede con la política. La ciudadanía cuenta con mil argumentos para justificar su dejadez participativa en asuntos que le interesan, arraigados por una parte en el individualismo íntimo de los españoles y, por otra, en la mala praxis ejercida por individuos que se han interesado por la política a título particular. La mayoría de estos argumentos son estereotipos acuñados con el único fin de la autojustificación, pero realmente el único argumento veraz es el del cultivo del individualismo y la ausencia de voluntad para sacrificar parte de nuestro tiempo, dedicado diariamente a ver la televisión o arreglar el mundo en la cafetería, en beneficio del bien común. Estoy segura de que una participación ciudadana masiva erradicaría la corrupción, la holgazanería y la impunidad de la que todos nos lamentamos continuamente.

Las últimas propuestas populistas, esgrimidas por Cospedal, Aguirre, Feijoo y casi todo el PP, van en la línea de anular del todo la participación ciudadana. Reducir el número de diputados o de concejales no es más que limitar estadísticamente la presencia en las instituciones de elementos ajenos a los intereses del PP y del PSOE, dos formaciones que funcionan como empresas. Suprimir el salario de los políticos supone cerrar la puerta a cualquier ciudadano cuya renta y disponibilidad horaria no le permita dedicarse a ello durante unos años. Estas dos propuestas persiguen el fin de dejar nuestros destinos en manos de opulentos tecnócratas que ya hace años que se vienen forrando con la polítca a través de sus intermediarios del PP y del PSOE.

Las cortes se llenarían de Florentinos Pérez, Amancios Ortega o Juanes Roig totalmente despegados de la realidad de la inmensa mayoría de los españoles y de sus necesidades. El BOE sería el catálogo y la tarifa de precios impuesta por ACS, Inditex o Mercadona y la legislación sería una fórmula química orientada a elevar la gráfica del Ibex 35. Sólo con la participación de millones de individuos se podría enderezar el rumbo de la nave de manera satisfactoria para la inmensa mayoría social.

Los partidos, por su parte, deberían hacer un esfuerzo generoso para eliminar los vicios y las estructuras perniciosas que los mantienen rígidos y alejados de la sociedad, permitiendo que les entre savia joven y florezcan de nuevo como espacios abiertos donde cualquier individuo pueda participar sin temor a ser podado o secado entre viejas ramas cubiertas de espinas.

¿No se debería modificar la Ley electoral? No les interesa.

¿No se deberían regular por Ley las remuneraciones de cargos públicos? No les interesa.

¿No se debería limitar la permanencia en cargos públicos a ocho o doce años? No les interesa.

¿No se debería penar más duramente la corrupción? No les interesa.

¿Se deben eliminar representantes de la ciudadanía o sus sueldos? No nos interesa.

Ayuntamientos: la realidad y el deseo.

Imaginen por un momento un panorama idílico y utópico:

1. Las listas abiertas permitirían que usted votase a personas directamente, no a partidos políticos. Estas personas se cuidarían muy mucho de no defraudar las espectativas de su voto si quisieran optar a una reelección.

2. La limitación por ley a ocho años de la ostentación de cargos públicos evitaría la profesionalización de la política y alejaría de ella a los vividores. También propiciaría una regeneración continua de la política.

3. La regulación racionalizada de sueldos con cargo a las arcas públicas limitaría los abusos que se cometen en la actualidad.

4. Dotar a los programas electorales de un carácter contractual, perseguible penalmente en caso de incumplimiento, daría la posibilidad al votante de depositar su voto con unas espectativas reales y una mayor conciencia cívica.

5. La figura penal de delito político, con el agravante de “ejercicio del poder”, limitaría muchísimo los estragos que se cometen en la actualidad. Imaginen para ello que la justicia fuese realmente independiente.

6. La participación ciudadana a través de asociaciones de todo tipo en la planificación y ejecución de la política local acercaría la gestión municipal a las necesidades reales de la población.

La lista podría alargarse, pero, si imaginan estos seis puntos, estarán imaginando lo que podría ser y sin embargo no es. Si la utopía les satisface, pregúntense porqué es utopía y a quién no interesa que se pueda llevar a cabo.

Hasta hoy, PP y PSOE han oído hablar de estas propuestas y han hecho oídos sordos a las mismas con el aristocrático objetivo de conservar sus estatus y beneficiar a sus linajes. No quiere ello decir que sean iguales absolutamente todos los políticos, y menos en el ámbito municipal, pero el hecho de ir la mayoría en listas partidistas les hace muy dificil esquivar el ventilador de la podredumbre cuando alguno de la lista mete la pata y el resto calla.

El pueblo, asqueado de la partitocracia, ha desarrollado una lógica animadversión hacia todos los políticos sin distinguir lo sano de lo podrido. Así, por ejemplo, para una mayoría irreflexiva y poco comprometida con la salud de su pueblo, la palabra “concejal” lleva aparejado un sueldo y una serie de prebendas que en muchos casos no se ajusta a la realidad. Cobran muchos concejales y muchos no cobran por su labor, lo que no quiere decir que sobren concejales, sino que sobran excesos y prebendas. Si se eliminan concejales, se elimina representatividad, se elimina democracia, pero no se disminuirá el gasto, sino que se concentrará en menos manos.

El rechazo popular hacia los políticos está siendo utilizado, de forma claramente populista, por uno de los gobiernos que tenemos en España con el objetivo de acercarnos a formas despóticas de gobierno cercanas a sus intereses y contrarias al interés general de la población. Ni el PP, ni el PSOE, contemplan entre sus objetivos una regeneración real y efectiva de la vida política, sencillamente porque va en contra de sus sus intereses partitocráticos.