¿Militares? ¡NO!, gracias

Paz

La escena de 2001: Una odisea en el espacio en la que un primate descubre que un hueso puede servir para matar y dominar a otros es reveladora. En ella se observa el momento en que la pulsión asesina de un cerebro se erige en una suerte de suicidio de la especie que habría de evolucionar a lo que conocemos como homo sapiens. Todos los avances del ser humano como especie quedan supeditados y sometidos a la muerte como símbolo supremo del poder.

La antropología se ha esforzado en mostrar la capacidad de la inteligencia para crear herramientas y doblegar el medio en provecho de la especie que la detenta. La historia no ha necesitado mucho para demostrar la capacidad del ser humano para convertir en mortífera arma cualquier herramienta creada para su supervivencia. La sociología analiza y describe cómo el mensaje de la muerte, del asesinato, cala en la sociedad como alarmante seña de identidad.

Las armas son herramientas creadas con el exclusivo fin de matar, de asesinar, y quienes se integran en las fuerzas armadas hacen del uso de las armas su profesión. Para no afrontar su naturaleza homicida, recurren los individuos y la sociedad a términos eufemísticos como “defensa” o “servicio público”. Cualquier persona que mata a otra se define como asesina; si mata compulsivamente a más de una, se le añade el epíteto en serie; y, si mata al por mayor, se convierte en genocida.

Ser militar implica la justificación de la muerte como necesidad social, y hasta moral cuando los líderes religiosos santifican las guerras y sus consecuencias en nombre de sus dioses. Ser militar es supeditar la razón a la necesidad de matar, a cuantos más semejantes mejor. El oficio militar no consiste en ayudar ante grandes catástrofes naturales, ésas son actividades de entrenamiento mientras aguardan el momento de su plena satisfacción: la guerra, la muerte.

Lejos quedan los tiempos en los que un ejército de homicidas se enfrentaba a otro ejército de criminales. Las guerras “modernas” cada vez causan menos bajas entre los asesinos uniformados de uno y otro bando: el objetivo (cobarde en términos militares de valor, honor y sacrificio) es la población civil. La tecnología militar se utiliza para causar bajas exponiendo al mínimo la integridad de los mercenarios, a imagen y semejanza de los capos de la mafia y sus sicarios.

La industria de la muerte impone a sus servidores un pensamiento único y ciego, alejado del sapiens, que exhiben orgullosos en desfiles y paradas militares con relucientes herramientas de muerte y reconocibles uniformes de verdugos oficiales. Parte del pueblo, prevista víctima de las acciones militares, aplaude y vitorea el paso marcial de la comitiva de carniceros. El verdadero poder de los militares radica en el miedo, en el terror que inspiran.

Son los militares la antítesis de la democracia. En la historia de España, extraño y suicida país, la jefatura del estado ha sido detentada mucho más tiempo por militares que por electos representantes del pueblo. Una tradición que sigue viva, la del miedo y el terror, cuando se permite a un grupo de militares (¿en la reserva?) glorificar al último genocida padecido por los españoles y que dos partidos presuntamente demócratas se nieguen a que el dictador sea exhumado del mausoleo que exalta y santifica su figura de asesino mayor del reino.

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Estado de excepción virtual.

Ridículo el papel de las fuerzas de seguridad ante el golpe de estado del 25S

El artículo 116 de la Constitución contempla y regula la declaración de estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio, cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad. Las medidas adoptadas serán las indispensables para asegurar su restablecimiento, debiendo aplicarse de forma proporcionada a las circunstancias. Uno de los efectos inmediatos de la declaración de cualquiera de estos estados es la supresión individual de derechos ciudadanos.

Las circunstancias acutuales son extraordinarias y hacen imposible mantener la normalidad para una inmensa mayoría de los ciudadanos que viven al margen de la órbita política, del ámbito financiero y de la cúspide empresarial. El ciudadano de a pie vive una situación que no puede calificarse como “ordinaria” o “normal” y sufre de indefensión ante las actuaciones que sobre él practican los poderes públicos que gobiernan y legislan en contra de sus intereses y a favor de intereses ajenos a la soberanía popular de la nación.

Gobernar a favor de los mercados es motivo más que suficiente para declarar los estados de alarma, excepción y sitio de manera conjunta y simultánea. La situación generada por el modo de gobierno que se está practicando supone el deterioro o la desaparición de derechos recogidos en la Constitución y suplantados por una obediencia ciega a los dictados financieros que hacen imposible su restitución. La deuda pública generada por la especulación financiera internacional y la complicidad del gobierno ha aniquilado cualquier posibilidad de restablecer una normalidad secuestrada para siempre.

Sólo cabe la declaración de tal deuda como deuda odiosa, creada, contraída y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. No es exigible su devolución porque los prestatarios han actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos -bonos o contratos comerciales- son nulos legalmente. EE.UU., país líder en la generación de deudas odiosas, ha aplicado el concepto en numerosas ocasiones desde finales del siglo XIX, cuando las deudas de terceros países son contrarias a sus intereses.

Pero no seamos ilusos, ni el PSOE ni el PP, sumisos asalariados de los mercados, tienen entre sus planes otra cosa que la privatización del país y la venta de sus recursos, incluidos los humanos, para pagar la deuda imposible que la estafa de la prima de riesgo ha hecho firmar a nuestros gobiernos. España está hipotecada de forma odiosa y fraudulenta y a esta situación seguirá su esclavización, como hemos visto suceder en muchos países africanos, sudamericanos y asiáticos a lo largo del siglo XX. El mecanismo es el mismo: deuda externa, expropiación y esclavización.

En España, al contrario, estamos observando cómo el gobierno del PP aplica los estados de alarma y excepción (sin la declaración preceptiva y pública que ordena la constitución) precisamente en contra de aquellos ciudadanos que se rebelan contra la estafa manifiesta que sufren desde que llegó al poder. El legado autocrático heredado por este partido le lleva a considerar que el gobierno no se debe al pueblo, que la calle es suya y que la Constitución se debe interpretar bajo su tutela. El miedo como forma de gobernar es su práctica para defenderse de un pueblo indefenso ante sus ataques. Cristina Cifuentes (prófuga consorte) y Fernández Díaz han sido los elegidos para experimentar esta estrategia del terror con la población.

Las porras y las pelotas de goma han golpeado el artículo 17 de la Constitución en demasiadas manifestaciones pacíficas; el artículo 19 ha sido abofeteado en demasiadas identificaciones y detenciones arbitrarias practicadas, incluso de forma violenta, en manifestaciones y concentraciones; el artículo 20 ha sido amordazado por el asalto perpetrado a RTVE y la criminalización de convocatorias a través de las redes sociales; el artículo 21 es zancadilleado sistemáticamente cuando no se trata de manifestaciones religiosas o reuniones futboleras. Son algunos ejemplos de cómo se suspenden o dificultan derechos cívicos al margen de la Constitución.

Confundiendo el civismo del pueblo español con una actitud de sumisión, el gobierno, ¿nuestro gobierno?, se viene arriba y prácticamente ha decretado el estado de excepción ante la convocatoria del 25S. Sustituyendo al ejército por la policía, nuestras carreteras y nuestras calles han vivido una jornada de registros, identificaciones e incautaciones con escenas propias de la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet o la España de Franco. A mis años, es la primera vez que veo escenas gratuitas de esta envergadura en una televisión a color.

El ministro y la delegada, esbirros de las finanzas, han sacado a la calle a una policía en la que es difícil identificar algún rasgo de humanidad y capacidad de pensamientoautónomo. Adiestrada para ello, ha fortificado ridículamente un congreso que se debe al pueblo esperando el momento políticamente correcto para derramar sangre inocente y abollar las esperanzas de millones de ciudadanos. Cuando la frustración se instalaba en las porras sin usar, se presentó una oportunidad propicia para el desahogo a última hora y la policía pudo, por fin, destensar los músculos, enrojecer las porras y disparar sus escopetas contra el pueblo. El saldo de 64 heridos y 28 detenidos no es el esperado, pero ha servido a la policía para realizarse profesionalmente y a la derecha mediiática y gubernamental para justificar el estado de excepción aplicado.

Se confirma a última hora que Ángel, activista andaluz del 15M, sufre una lesión medular producida por la acción desproporcionada de la policía. La policía, Soraya Sáez de Santamaría, Fernández Díaz y Cristina Cifuentes se encargarán de lesionarle también la dignidad acusándolo de criminal golpista.

La derecha mediática buscará en su pasado o en su presente cualquier indicio que permita presentarlo a su enferma audiencia como un terrorista peligroso que golpeó con su médula a un policía.

Control policial desmesurado a un autobús de Zaragoza.

Balance de heridos y detenidos insuficiente para el gobierno y la derecha mediática.