Bárcenas, Garzón y PP

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El caso Gürtel, como en su momento el caso Filesa o el reciente caso Palau, son unidades didácticas de la historia reciente de España cuyos contenidos y objetivos han sido diseñados por revoltosos estudiantes de esos que suelen enturbiar el correcto desarrollo de las clases en los colegios. La irrupción de estos “maestrillos” en la actualidad hace que se resienta toda la población y que la calidad de sus enseñanzas evidencie las carencias de lo no aprendido junto a los devastadores efectos de lo aprendido. ¿Qué enseñan los corruptos? ¿Qué deja de aprender la ciudadanía? Son preguntas abiertas cuyas respuestas dibujan el triste paisaje de la lamentable realidad actual.

El caso Gürtel se destapó y se desarrolla como un guión de cine negro que desnuda las vergüenzas y los entresijos de una clase política alejada del servicio al pueblo y movida por siniestros personajes a los que sirven con mafiosa fidelidad. Bárcenas enseña que los intereses públicos y sociales son asesinados por intereses privados e individuales con premeditación, nocturnidad, alevosía y bastarda conciencia de impunidad. También enseña que el gatillo de la corrupción es fácil y dispara con pasmosa agilidad desde las armas cortas de cualquier ayuntamiento o la artillería pesada de cualquier ministerio.

Conscientes de su poder, los partidos políticos, en este caso el Partido Popular, recurren a tretas gansteriles para defender “lo suyo”. Bárcenas, como Al Capone, ha facilitado a la justicia la herramienta contable necesaria para restablecer la ley y el orden. El PP, como la banda de Al, hurgó y acosó al juez díscolo que le investigaba aireando sus actividades de caza con el ministro Bermejo y denunciándolo, hasta apartarlo de la justicia, por investigar lo que hoy es evidente. Como en la familia de El Padrino, en la banda pepera se imponen la omertá y la mentira.

Garzón, persona discutible y discutida, representaba para el Partido Popular un doble peligro. De una parte, el juez estaba sobre la pista fiable, ahora se comprueba, de la maquinaria corrupta del partido y, por otra parte, amenazaba con investigar también su corrupción ideológica. En Génova no estaban dispuestos a que nadie echara por alto los trajes de Camps, el Jaguar misterioso de Ana Mato o esos sobres de los que se han beneficiado la cúpula del partido, voceros afines como Jiménez Losantos, Rosa Díez y quién sabe qué otras personalidades e instituciones manejadas a billetazo limpio. Tampoco estaban dispuestos a “lo otro”.

El PP tampoco estaba dispuesto, Garzón sí, a que saltara por los aires la hagiografía del franquismo encargada por Aznar, con impúdico dinero público, a los sabios de la Academia de la Historia. El PP no podía permitir que la investigación del franquismo, cosa propia de países con decencia democrática, perjudicara directamente a muchos de sus mentores y militantes en activo. El PP se negaba a condenar el golpe de estado del 18 de julio y a renunciar a su histórico papel de martillo de rojos, herejes y masones. El PP escribe su propia historia de España, la historia sufrida de los españoles.

El caso Gürtel enseña que el Partido Popular participa de la misma moral corrupta que el PSOE, que para ellos el fin justifica los medios, que codearse con los poderosos reporta beneficios materiales o que la pertenencia a un partido es algo más que un carnet con una gaviota o un puño. La ciudadanía ha perdido la ocasión de aprender que la justicia está por encima de los partidos, que la ideología es algo diferente a una transacción económica, que la política puede ser una actividad al servicio del pueblo, que la ética debe ser la guía para la convivencia o que el pueblo es realmente soberano.

El caso Gürtel suspende el informe PISA de la transparencia y pisa con desprecio los principios más elementales de la democracia.

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La mafia electoral

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Como una mafia, la clase política española se enriquece ilegalmente estafando a sus votantes de manera persistente y continuada. El enriquecimiento ilícito atrae, como la aguja imantada de una brújula, a rufianes, granujas, pícaros y truhanes de todo pelaje y condición que buscan orientar la riqueza inmediata hacia sus bolsillos y bienestares particulares. Como las mafias, los timoneles que gobiernan las naves municipales, regionales y nacionales, se agrupan en familias napolitanas o sicilianas que delinquen para ganarse el sustento diario y, fundamentalmente, controlar la calle como forma de dominar el comercio de votos que sin escrúpulos traducen en euros.

Cada familia política dispone de sus capos, lugartenientes, emisarios, sicarios y pandilleros que velan por el negocio, que se ayudan unos a otros, que vigilan expectantes los pasos del enemigo y los de la propia banda, que obedecen ciegamente y que construyen con el miedo y la extorsión el edificio social que habitamos todos. Los capos se suceden designados por el dedo índice de cada padrino, alejándose de una elección democrática, mientras las dos familias más poderosas se suceden en el control de las calles en una canalla alternancia donde las bandas menores aparecen eventualmente como apoyos y recolectoras de migajas sobrantes.

Hace mucho tiempo ya, el PSOE demostró contar con una falta de escrúpulos sin precedentes cuando el padrino Felipe González permitió que rufianes de la talla de Roldán o Juan Guerra robaran a huérfanos o cobrasen un impuesto a empresarios sin escrúpulos que medraban favores de la familia socialista. Filesa, Time Export y cientos de tinglados y tingladillos sirvieron para el enriquecimiento de quienes manejaban los votos como argumentos para apropiarse de la calle pública y financiar así a la familia y a cada uno de sus capos. El olor del dinero aniquiló la fragancia democrática recién estrenada y los mafiosos partieron las piernas ideológicas a la política participativa y decente.

Hoy, el PSOE sigue las mismas pautas de comportamiento, pero la familia del PP está haciendo una demostración de fuerza inaudita y ha conseguido llenar la calle de un nauseabundo aroma de corrupción que va camino de superar el hedor de la banda rival. Rufianes como Bárcenas, Correa, Camps, Igancio González, Matas, Rato, los Fabra, Baltar, Milagrosa Martínez y cientos de sicarios menores y medianos han convertido España en un nido de corrupción descomunal. Los timos de estos personajes son bagatelas comparados con la gran estafa que el partido gobernante realiza empuñando un BOE de cañones recortados para vender en el mercado negro los derechos y las libertades de los españoles como quien vende alijos de éxtasis, caballo o farlopa. El padrino Aznar y el gran capo Rajoy les designaron en su momento y les amparan.

Ambas familias, la genovesa y la de Ferraz, trafican con los votos para presentarse legitimados ante la ciudadanía, apuntar con el BOE a los bolsillos, ordenar que se levanten las manos y apropiarse de todo cuanto poseemos que sea de valor, incluida la libertad. Ambas formaciones, además de dedicarse al atraco social, también comparten otra afición ruin y miserable como el contrabando ideológico. Se trata de trileros profesionales que, cuando menos se espera, te han robado el voto depositado en la urna en la creencia de que sus ideas y promesas eran de fiar, eran legales. Mudan de ideología con la misma facilidad que las serpientes de camisa.

El PP se presenta a las elecciones como partido de centro, moderado y liberal y, como el pueblo español está sufriendo, actúa como un partido radical que exhibe abiertamente unos sesgos franquistas que me avergüenzan de ser española. El PSOE se presenta a las elecciones como partido de centro, moderado y socialista y, como el pueblo español ha sufrido y sigue sufriendo, actúa como un partido desnortado que, abandonado su presunto socialismo obrero, practica políticas muy parecidas a las de su oponente.

Ante este panorama, habrá que plantearse la posibilidad de formar patrullas ciudadanas de autodefensa política o echarse al monte, dado que ninguno de los dos partidos está dispuesto a soltar la calle amparados en un sistema electoral que les favorece. A diferencia de otros traficantes, contrabandistas y mafiosos, muy pocos de éstos pisan la cárcel.

Gordillo y Rajoy: la barba del vecino.

España es un país de excesos donde la moderación no rige ni siquiera a la hora de atender necesidades tan elementales como el sueño: o no despertamos, o no pegamos ojo. O se monta una hoguera en la plaza o se saca la procesión, el término medio de los españoles es aquél que no pasa por ningún sitio que no sea un extremo de la cuerda.

Algunos sindicalistas del SAT han hurtado unos carros de la compra con productos de primera necesidad de dos grandes superficies. Medio país ha saltado a la arena defendiendo la acción. Medio país ha hecho sonar las alarmas para denunciarla. Medio país no sabe o no contesta, a la espera de que alguien le diga qué debe opinar al respecto. Medio país se desentiende del asunto diciendo que no entra en política. Medio país confunde a Gordillo con un lateral del Betis y de la selección. Medio país no se ha enterado. No es que España sea un país tan grande, es que es excesiva.

No hay político que no se haya pronunciado al respecto, coincidiendo todos en abordar las formas y la imagen y pasando de puntillas sobre el fondo de la cuestión. Todos los medios de comunicación se han atrincherado en las líneas editoriales de sus empresas no para dar cuenta de un hecho, sino para desplegar toda la artillería al servicio de su ideológía y no al servicio de la información. El circo montado alrededor del hecho ha sido excesivo para el mediocre espectáculo que había en la pista.

Ha habido mucho cacareo en el corral. Se ha hablado tanto de la kufiyya (pañuelo palestino) como de los trajes de Camps, se ha comentado la camisa abierta y por fuera del pantalón como se comentó el bolso Vuitton de Rita Barberá, se han dicho tantas cosas sobre la barba mesiánica como de la melena de Aznar en su momento o los implantes capilares de Bono. Se ha denunciado la vida sibarita del personaje y las pésimas condiciones demócratas (asamblearias) en las que vive el culag de Marinaleda, se ha puesto de relieve la pésima administración que han hecho los marinaleños de las subvenciones públicas recibidas, se han resaltado los enormes emolumentos que recibe el alcalde y diputado y las estratosféricas comisiones que recibe de inconfesables trapicheos con banqueros y constructores de la comarca. Gracias a este debate nos hemos enterado de que existe una realidad diferente, distinta y distante de la que nos ofrecen cada día las noticias.

Y nos hemos enterado también de que España no va bien, de que va fatal y de que el gobierno, ése que tenía la fórmula para sacarnos de la crisis, ése que gozaba de credibilidad internacional, ése que jamás mentiría, ése que gobernaría para TODOS los españoles, ese gobierno del PP navega a la deriva reservando los botes salvavidas para la banca, para los mercados, para su banca y sus mercados, que para eso es neoliberal.

En cuanto a la oposición del PSOE, continúa siendo una “suposición” ocupada en reclamar para su pecho cualquier medalla que salte de la situación y renunciando a su cuota de responsabilidad en la crisis (más por lo que no hizo en sus momentos de gobierno que por lo que hizo). El PSOE debió seguir siendo un partido socialista y obrero, pero se acomodó en el neoliberalismo.

De lo que dudo que nos hayamos enterado bien, a pesar de la evidencia, es de que España vuelve a padecer hambre y miseria y de que la iglesia, aliada histórica del diablo, calla a diferencia de la iglesia de otros países castigados como el nuestro. Véase si no el contrapunto que ofrecen el arzobispo de Braga en la homilía de Fátima y nuestra inefable Fátima Báñez en el Rocío.

Gordillo, ateo confeso y diablo practicante, se ha encomendado a Mercadona y Carrefour para que se hable de una realidad evidente, palpable y en progresivo deterioro.

El debate está servido y los españoles posicionados en los extremos.

Dívar, divino y humano.

Viendo a este hombre con su uniforme de trabajo nos asalta la duda de si es la sotana que le queda corta o es la toga que le viene grande, una no sabe si se trata de un juez religioso o un religioso de la jurisprudencia. Leyendo algunas de sus divagaciones nos asalta la inquietud de que su concepto de la justicia esté tan ligado a la religión como si de un rabino, un imán, un inquisidor o un talibán se tratara.

Pero la inquietud inicial se evapora y estalla cuando comprobamos que se trata de un mortal como cualquiera de quienes han padecido sus sentencias, un letrado cuyo estrado es de este mundo. Imagino que se habrá absuelto a sí mismo de los pecados y delitos cometidos durante su carrera como alto cargo mamandurriado, aunque tiendo a pensar que no ha sido consciente de sus actos ni de sus omisiones. Gastar lo que este hombre gastaba en un finde marbellí no entraba, para él, en la categoría de derroche y sí cuadraba con el concepto de limosna de cepillo eclesial que para sus emolumentos representan diez o quince mil euros de nada.

La ley y la justicia, en España y parte del extranjero, son conceptos polisémicos que adquieren uno u otro significado en función de la personalidad y la cuenta corriente del delincuente o del agraviado. Mientras la justicia esté esposada al estatus social y se permita la mordaza del dinero como eximente, permanecerá en el limbo de nuestros anhelos utópicos, como un fanstasma etéreo que nunca aparece cuando se le necesita. Carlos Dívar es un ejemplo, pero hay más fantasmas que nos golpean a diario con sus cadenas arrastradas para recordarnos que no todos somos iguales ante la ley.

Montesquieu pereció asesinado por los venenos de la burguesía, las dagas de la nobleza, los fusiles del clero y la guillotina de los diputados. La separación de poderes ha sido y sigue siendo una entelequia en manos de los custodios del dinero que son, desde la más remota antigüedad, quienes realmente dictan las leyes y las sentencias en un lenguaje bífido que les permiten sortear cualquier condena.

Sorprendió que fuese un gobierno supuestamente progresista quien pusiera a este hombre en los altares de nuestra justicia y sorprendería aún más que fuese un gobierno conservador quien actuase con el rigor que la sociedad reclama. Hoy mismo, mediante un decretazo, el gobierno ha anunciado la incompatibilidad de las pensiones de los altos cargos con otros ingresos de los mismos, en un ejercicio populista por recuperar parte del crédito popular dilapidado en los siete meses que lleva haciéndonos incompatibles al resto de los mortales con la dignidad y con la vida. Ha aplicado la justicia con el mínimo imprescindible para dar munición defensiva a sus militantes y sus palmeros, dejando de lado una profunda reforma de la función pública que elimine absolutamente todos los desmanes y prebendas que tantas cartucheras, panzas y varices provocan en sus cuentas corrientes.

Nunca los sacerdotes han predicado para sí mismos ni los políticos han legislado en su contra. Todo lo que podemos esperar son gestos populistas y manipuladores por su parte para condenar el pecado venial mientras se autoconceden bulas para seguir pecando mortalmente.

Hoy mismo también los telediarios nos han metido de postre al pobre señor Roca, el del Miró adornando su bañera, como una plañidera pidiendo misericordia y comprensión. Hace no pocos días, la señora Munar explicaba que la prisión no es el mejor castigo para delitos económicos. Y unos meses atrás asistíamos a la absolución de Camps porque el delito no cabía en sus trajes. Los parlamentos y los plenos están sobradamente poblados de chorizos que se inmunizan aprobando leyes exculpatorias y creando comisiones de investigación que habitualmente se encargan del sepelio de la verdad y de la justicia.

¿Cabe esperar que la justicia y la ley sean iguales para todos? Con este ganado no, desde luego.

Por cierto, ¿condenaron al alcalde de Jerez por decir que la justicia es un cachondeo? Yo sólo lo pregunto, por si acaso.