La principal lacra que aqueja a las sociedades modernas es el individualismo, esa exaltación de lo particular que acaba devorando la convivencia hasta tal punto que el propio individuo, ser social por naturaleza, acaba resintiéndose en su propia singularidad. La cultura occidental es proclive a enasalzar lo individual y anteponerlo a lo colectivo, cuando lo aconsejable sería buscar el equilibrio justo que permitiese un desarrollo social adecuado de todos los individuos. Ese equilibrio, normalmente, se busca a través de la representatividad que, se supone, expone y defiende los deseos particulares a la hora de consensuar normas que armonicen la convivencia entre unos individuos y otros.
Cuanto más numerosa es una sociedad, más complejo resulta coordinar los intereses de todas las personas que la componen. El individuo mantiene relaciones de proximidad en las estructuras familiares, vecinales y locales que componen su hábitat cotidiano, pero también forma parte de unas estructuras mayores que suelen articularse en ámbitos geográficos o administrativos más amplios donde el individualismo se diluye gradualmente en relaciones de lejanía. La comarca, la provincia, la región, la nación o el continente son fronteras administrativas que dan fuerza a un colectivo en detrimento del individualismo de sus componentes. Aún así, son necesarias e inevitables.
También las asociaciones profesionales, religiosas, de ocio o de cooperación permiten al individuo sumar sus fuerzas a las de quienes se identifican con sus necesidades de cara a conseguir objetivos más ambiciosos que los que conseguiría una persona sola. De esta realidad surgen colectivos que, basándose en la representatividad otorgada por los individuos, hacen suya la tarea de establecer las reglas de convivencia y los objetivos concretos a conseguir para todos y cada uno de los sujetos representados. De ahí provienen desde la comunidad de vecinos hasta la ONU, pasando por todas las escalas intermedias habidas y por haber.
Los españoles somos individuos en la familia y pretendemos ser individuos en el universo. A regañadientes aceptamos que algún paisano se nos parezca en algo y rugimos para expresar lo que nos diferencia en el hogar, en el barrio, en el pueblo, en la provincia o, ya lo he dicho, en el universo. Somos capaces de partirnos la cara por las diferencias y a la vez despreciar las semejanzas, elevamos lo que nos separa muy por encima de lo que nos une, sacralizamos el individualismo y demonizamos la colectividad. Y nos quejamos. Continuamente buscamos cuarenta millones de problemas para cada solución que se nos presenta.
Este individualismo ibérico de pata negra es el que hace que una asamblea de madres y padres de un colegio con mil aulumnos se vea reducida a la presencia de cuarenta o setenta personas, que una asociación vecinal de un barrio con cinco mil habitantes no tenga más de cincuenta socios activos, que la presidencia de la comunidad del bloque sea un marrón del que huimos como de la peste o que de los dos mil cofrades acudan a la misa treinta y cuatro. No soportamos el sacrificio de nuestras ideas personales en el altar comunitario y, sobre todo, no aceptamos que sea el vecino de al lado quien vea prosperar una propuesta suya.
Lo mismo sucede con la política. La ciudadanía cuenta con mil argumentos para justificar su dejadez participativa en asuntos que le interesan, arraigados por una parte en el individualismo íntimo de los españoles y, por otra, en la mala praxis ejercida por individuos que se han interesado por la política a título particular. La mayoría de estos argumentos son estereotipos acuñados con el único fin de la autojustificación, pero realmente el único argumento veraz es el del cultivo del individualismo y la ausencia de voluntad para sacrificar parte de nuestro tiempo, dedicado diariamente a ver la televisión o arreglar el mundo en la cafetería, en beneficio del bien común. Estoy segura de que una participación ciudadana masiva erradicaría la corrupción, la holgazanería y la impunidad de la que todos nos lamentamos continuamente.
Las últimas propuestas populistas, esgrimidas por Cospedal, Aguirre, Feijoo y casi todo el PP, van en la línea de anular del todo la participación ciudadana. Reducir el número de diputados o de concejales no es más que limitar estadísticamente la presencia en las instituciones de elementos ajenos a los intereses del PP y del PSOE, dos formaciones que funcionan como empresas. Suprimir el salario de los políticos supone cerrar la puerta a cualquier ciudadano cuya renta y disponibilidad horaria no le permita dedicarse a ello durante unos años. Estas dos propuestas persiguen el fin de dejar nuestros destinos en manos de opulentos tecnócratas que ya hace años que se vienen forrando con la polítca a través de sus intermediarios del PP y del PSOE.
Las cortes se llenarían de Florentinos Pérez, Amancios Ortega o Juanes Roig totalmente despegados de la realidad de la inmensa mayoría de los españoles y de sus necesidades. El BOE sería el catálogo y la tarifa de precios impuesta por ACS, Inditex o Mercadona y la legislación sería una fórmula química orientada a elevar la gráfica del Ibex 35. Sólo con la participación de millones de individuos se podría enderezar el rumbo de la nave de manera satisfactoria para la inmensa mayoría social.
Los partidos, por su parte, deberían hacer un esfuerzo generoso para eliminar los vicios y las estructuras perniciosas que los mantienen rígidos y alejados de la sociedad, permitiendo que les entre savia joven y florezcan de nuevo como espacios abiertos donde cualquier individuo pueda participar sin temor a ser podado o secado entre viejas ramas cubiertas de espinas.
¿No se debería modificar la Ley electoral? No les interesa.
¿No se deberían regular por Ley las remuneraciones de cargos públicos? No les interesa.
¿No se debería limitar la permanencia en cargos públicos a ocho o doce años? No les interesa.
¿No se debería penar más duramente la corrupción? No les interesa.
¿Se deben eliminar representantes de la ciudadanía o sus sueldos? No nos interesa.
apalabrado 