Estado de excepción virtual.

Ridículo el papel de las fuerzas de seguridad ante el golpe de estado del 25S

El artículo 116 de la Constitución contempla y regula la declaración de estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio, cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad. Las medidas adoptadas serán las indispensables para asegurar su restablecimiento, debiendo aplicarse de forma proporcionada a las circunstancias. Uno de los efectos inmediatos de la declaración de cualquiera de estos estados es la supresión individual de derechos ciudadanos.

Las circunstancias acutuales son extraordinarias y hacen imposible mantener la normalidad para una inmensa mayoría de los ciudadanos que viven al margen de la órbita política, del ámbito financiero y de la cúspide empresarial. El ciudadano de a pie vive una situación que no puede calificarse como “ordinaria” o “normal” y sufre de indefensión ante las actuaciones que sobre él practican los poderes públicos que gobiernan y legislan en contra de sus intereses y a favor de intereses ajenos a la soberanía popular de la nación.

Gobernar a favor de los mercados es motivo más que suficiente para declarar los estados de alarma, excepción y sitio de manera conjunta y simultánea. La situación generada por el modo de gobierno que se está practicando supone el deterioro o la desaparición de derechos recogidos en la Constitución y suplantados por una obediencia ciega a los dictados financieros que hacen imposible su restitución. La deuda pública generada por la especulación financiera internacional y la complicidad del gobierno ha aniquilado cualquier posibilidad de restablecer una normalidad secuestrada para siempre.

Sólo cabe la declaración de tal deuda como deuda odiosa, creada, contraída y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. No es exigible su devolución porque los prestatarios han actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos -bonos o contratos comerciales- son nulos legalmente. EE.UU., país líder en la generación de deudas odiosas, ha aplicado el concepto en numerosas ocasiones desde finales del siglo XIX, cuando las deudas de terceros países son contrarias a sus intereses.

Pero no seamos ilusos, ni el PSOE ni el PP, sumisos asalariados de los mercados, tienen entre sus planes otra cosa que la privatización del país y la venta de sus recursos, incluidos los humanos, para pagar la deuda imposible que la estafa de la prima de riesgo ha hecho firmar a nuestros gobiernos. España está hipotecada de forma odiosa y fraudulenta y a esta situación seguirá su esclavización, como hemos visto suceder en muchos países africanos, sudamericanos y asiáticos a lo largo del siglo XX. El mecanismo es el mismo: deuda externa, expropiación y esclavización.

En España, al contrario, estamos observando cómo el gobierno del PP aplica los estados de alarma y excepción (sin la declaración preceptiva y pública que ordena la constitución) precisamente en contra de aquellos ciudadanos que se rebelan contra la estafa manifiesta que sufren desde que llegó al poder. El legado autocrático heredado por este partido le lleva a considerar que el gobierno no se debe al pueblo, que la calle es suya y que la Constitución se debe interpretar bajo su tutela. El miedo como forma de gobernar es su práctica para defenderse de un pueblo indefenso ante sus ataques. Cristina Cifuentes (prófuga consorte) y Fernández Díaz han sido los elegidos para experimentar esta estrategia del terror con la población.

Las porras y las pelotas de goma han golpeado el artículo 17 de la Constitución en demasiadas manifestaciones pacíficas; el artículo 19 ha sido abofeteado en demasiadas identificaciones y detenciones arbitrarias practicadas, incluso de forma violenta, en manifestaciones y concentraciones; el artículo 20 ha sido amordazado por el asalto perpetrado a RTVE y la criminalización de convocatorias a través de las redes sociales; el artículo 21 es zancadilleado sistemáticamente cuando no se trata de manifestaciones religiosas o reuniones futboleras. Son algunos ejemplos de cómo se suspenden o dificultan derechos cívicos al margen de la Constitución.

Confundiendo el civismo del pueblo español con una actitud de sumisión, el gobierno, ¿nuestro gobierno?, se viene arriba y prácticamente ha decretado el estado de excepción ante la convocatoria del 25S. Sustituyendo al ejército por la policía, nuestras carreteras y nuestras calles han vivido una jornada de registros, identificaciones e incautaciones con escenas propias de la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet o la España de Franco. A mis años, es la primera vez que veo escenas gratuitas de esta envergadura en una televisión a color.

El ministro y la delegada, esbirros de las finanzas, han sacado a la calle a una policía en la que es difícil identificar algún rasgo de humanidad y capacidad de pensamientoautónomo. Adiestrada para ello, ha fortificado ridículamente un congreso que se debe al pueblo esperando el momento políticamente correcto para derramar sangre inocente y abollar las esperanzas de millones de ciudadanos. Cuando la frustración se instalaba en las porras sin usar, se presentó una oportunidad propicia para el desahogo a última hora y la policía pudo, por fin, destensar los músculos, enrojecer las porras y disparar sus escopetas contra el pueblo. El saldo de 64 heridos y 28 detenidos no es el esperado, pero ha servido a la policía para realizarse profesionalmente y a la derecha mediiática y gubernamental para justificar el estado de excepción aplicado.

Se confirma a última hora que Ángel, activista andaluz del 15M, sufre una lesión medular producida por la acción desproporcionada de la policía. La policía, Soraya Sáez de Santamaría, Fernández Díaz y Cristina Cifuentes se encargarán de lesionarle también la dignidad acusándolo de criminal golpista.

La derecha mediática buscará en su pasado o en su presente cualquier indicio que permita presentarlo a su enferma audiencia como un terrorista peligroso que golpeó con su médula a un policía.

Control policial desmesurado a un autobús de Zaragoza.

Balance de heridos y detenidos insuficiente para el gobierno y la derecha mediática.